La lista de encausados podría aumentar en los próximos días, ya que otros nueve antiguos responsables de este órgano han sido llamados atestificar
En enero saltaba el escándalo en el Consejo Regulador de la Denominación de Origen «Jamón de Teruel». Su entonces presidente, Eugenio García, era apartado del cargo por el Gobierno aragonés, después de que aquel hubiera denunciado irregularidades en la gestión económica del Consejo.
Su denuncia abrió un enfrentamiento interno, dimisión en bloque de parte del Consejo Regulador integrado por miembros de la anterior etapa a los que Eugenio García apuntaba con su dedo acusador, y el Ejecutivo autónomo optaba por intervenir ese órgano rector y crear una gestora. A la par, el consejero de Agricultura, Modesto Lobón, afirmaba que no habían detectado anomalía alguna.
Sin embargo, apenas diez meses después, la conclusión del consejero Lobón se ve contestada en los juzgados. El de Instrucción número 3 de Teruel sí dio credibilidad a las denuncias de Eugenio García, abrió diligencias y, en un par de semanas, ya ha imputado a seis antiguos miembros del Consejo Regulador del «Jamón de Teruel».
La lista de encausados podría crecer en los próximos días, porque han sido llamados a desfilar por el juzgado otros nueve exmiembros de dicho órgano rector para que den explicaciones. Quienes las han dado hasta ahora han quedado como imputados por los presuntos delitos societario, de malversación de caudales públicos, administración desleal. Delitos supuestamente cometidos entre 2009 y 2013.
El enredo es de órdago en una Denominación de Origen que no solo es de las más importantes de Aragón sino que aglutina al mayor sector agroindustrial de la provincia de Teruel. De 236 municipios que tiene esta provincia, 116 cuentan con alguna empresa —ya sea ganadera o de elaboración— vinculada a esta industria cárnica que, por cierto, lleva años en crisis. El «Jamón de Teruel» genera en esta provincia unos 3.000 empleos.
Al contrario de lo que con rapidez concluyó la Consejería de Agricultura del Gobierno aragonés y proclamó Lobón –que no había indicios de irregularidades–, el juzgado que instruye el caso pone el acento en una nada despreciable lista de abultados gastos a los que no se encuentra justificación. Por ejemplo, 84.442 euros pagados en concepto de «combustible» sin que vea los comprobantes convenientemente detallados; más de 146.000 euros abonados de forma poco clara por una supuesta reclamación administrativa; o casi 30.000 euros que llegó a sacar en efectivo en cajeros automáticos en cuatro años quien fue gerente del Consejo Regulador, Fernando Guillén.
La lista de gastos bajo sospecha incluye también un fin de semana en la playa, en Marina D'Or para más señas; 547 euros por la compra de unas gafas; 400 euros para acudir a una corrida de toros, o varios cientos de euros en relojes de señora sin que conste a quiénes fueron a parar.
Los acusados dicen que todo se aclarará, que no hubo irregularidades. mientras, el sector que apoya a quien denunció los hechos sigue con atención el proceso. Y, entre tanto, ahora el Gobierno aragonés guarda silencio mientras sigue el Consejo Regulador es presidido por el empresario Carlos Mor, a quien colocó el Ejecutivo autónomo como cabeza visible de la gestora que creó en enero y que el pasado verano acabó saliendo elegido presidente del nuevo Consejo Regulador en unas elecciones internas que celebró esta Denominación de Origen.
